Sanción administrativa con descuento por pago: qué implica y cuándo conviene alegar

"Si pago ahora, me lo dejan en menos": cierto, pero con una condición

Iniciado un procedimiento sancionador, la Ley 39/2015 prevé dos formas de terminarlo antes de tiempo: que reconozcas tu responsabilidad, o que pagues voluntariamente antes de que se dicte la resolución (artículo 85). El pago voluntario pone fin al procedimiento cuando la sanción es únicamente económica, o cuando cabía imponer una sanción económica y otra no económica y se ha justificado que esta segunda no procede.

Cuando la sanción es solo económica, cada una de esas dos vías da derecho a una reducción de al menos el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, y las reducciones pueden acumularse. Los porcentajes deben constar en la notificación de inicio del expediente, y un reglamento puede aumentarlos.

Ahora bien: la ley condiciona esa reducción al desistimiento o a la renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

Qué se cierra cuando pagas

• Los recursos administrativos. La reducción está condicionada a que renuncies a recurrir en vía administrativa. Qué ocurre después con la vía judicial depende de la norma sectorial aplicable y de lo que diga tu notificación: conviene comprobarlo antes de pagar, no después.
• La discusión sobre los hechos y su calificación. Si pagas, no habrá alegaciones ni resolución que valore si los hechos eran ciertos o estaban bien calificados.
• No todo el expediente. El pago termina el procedimiento sancionador, pero no la reposición de la situación alterada ni la indemnización de los daños y perjuicios causados, que pueden seguir reclamándose (artículo 85.2).
• Otras consecuencias de una sanción firme. Además del importe, una sanción firme puede tener efectos añadidos. Por ejemplo, ciertas infracciones sancionadas con carácter firme, graves o muy graves según la materia (profesional, disciplina de mercado, laboral, social o medioambiental, entre otras), pueden dar lugar a una prohibición de contratar con el sector público (artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público). Para una empresa que contrata con el sector público, ese efecto puede pesar más que el importe de la multa.

Cuándo suele compensar pagar

No hay una regla general, pero el pago con reducción suele tener sentido cuando se dan a la vez tres circunstancias: los hechos no se discuten, la calificación y el importe son razonables, y la sanción no arrastra otras consecuencias (sanciones accesorias, efectos sobre autorizaciones o sobre la capacidad de contratar).

Es una valoración de conjunto (importe, coste de defenderse, consecuencias colaterales), no un cálculo automático.

Cuándo conviene alegar

Alegar tiene sentido, en general, cuando hay algo real que discutir: los hechos imputados no son ciertos o no te son atribuibles, la calificación jurídica o el importe son desproporcionados, hay defectos en la notificación o en el procedimiento, o concurre caducidad o prescripción (más abajo).

Dos detalles de procedimiento:

• El plazo lo indica el acuerdo de iniciación. Debe recoger tu derecho a formular alegaciones y los plazos para ejercerlo (artículo 64.2.f). Con carácter general, los trámites de los interesados se realizan en diez días desde el siguiente a la notificación, salvo que la norma aplicable fije otro plazo (artículo 73.1), y esos días son hábiles.
• No alegar no es neutro. Si no alegas dentro del plazo y el acuerdo de iniciación contiene un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad que se te imputa, ese acuerdo puede considerarse propuesta de resolución (artículo 64.2.f).

Dos defensas que no dependen del fondo: caducidad y prescripción

Caducidad. Los procedimientos sancionadores iniciados de oficio tienen un plazo máximo para resolver y notificar. Lo fija la norma reguladora del procedimiento y, salvo que una ley establezca otro mayor, no puede pasar de seis meses; si la norma no lo fija, es de tres meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación (artículo 21). Si vence sin resolución notificada, se produce la caducidad y se ordena el archivo de las actuaciones (artículo 25.1.b). El cómputo se interrumpe si el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado (artículo 25.2).

Pero caducidad no significa que el asunto termine sin más: no produce por sí sola la prescripción, y un procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción. Si la infracción no ha prescrito, la Administración puede iniciar un nuevo procedimiento (artículo 95.3).

Prescripción. Los plazos los fijan las leyes sectoriales. Cuando no lo hacen, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses (artículo 30 de la Ley 40/2015). El plazo se interrumpe cuando se inicia, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador.

La idea con la que quedarte

Un descuento por pago es una oferta con condiciones: menos importe a cambio de renunciar a discutir. A veces es la mejor decisión y otras es una renuncia que no compensaba. Lo que no conviene es decidirla con una primera lectura de la notificación y el plazo casi agotado.

Este artículo es información general: los porcentajes, plazos y efectos concretos dependen de la norma que regule cada tipo de sanción y de lo que figure en tu notificación.

En HiloLegal revisamos el acuerdo de iniciación y el expediente para ayudarte a decidir entre pagar con reducción y alegar, valorando también las consecuencias que van más allá del importe.